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El Relator
Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas
concluye visita al Perú
19 de junio
de 2009
Lima, Perú
- “En
los últimos días se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la solución
a los problemas de fondo que aquejan a los pueblos indígenas del Perú por el
camino del diálogo,
como la
derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten
desafíos a enfrentar en cuanto a la
aclaración de
las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el 5 de junio de 2009 y
el encuentro de vías de solución pacífica a los problemas subyacentes”,
dijo el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya, a
concluir su visita al Perú.
El Relator
Especial realizó una visita de 3 días al Perú – del 17 al 19 de junio de 2009 –
a fin de observar, comprender y analizar la situación que se produjo en Bagua,
Departamento de Amazonas, el 5 de junio y los días inmediatamente posteriores,
así como los hechos que generaron esta situación. “Hago llegar mis más sentidas
condolencias a los familiares de las personas fallecidas así como mi solidaridad
con las personas que resultaron heridas en estos lamentables sucesos y reitero
el llamado que realicé en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se
protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
afectadas así como que cualquier demostración o manifestación se efectúe de
forma pacífica respetando los derechos humanos de todos”, dijo el Relator
Especial.
Durante la
visita el Relator Especial realizó reuniones con los miembros del Congreso,
diversos Ministros, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y con
representantes de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, inclusive en la
región de Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el apoyo del
Gobierno del Perú así como todas las facilidades que recibió de su parte para la
realización de la visita, y considera que demuestra un gesto de buena voluntad y
apertura del Gobierno peruano.
El Relator
Especial toma nota de las investigaciones llevadas a cabo y actualmente en curso
por el Ministerio Público y las averiguaciones adelantadas por la Defensoría del
Pueblo, así como la iniciativa para establecer una comisión de investigación del
Congreso de la República, para aclarar los hechos del 5 de junio.
Sin embargo,
durante las reuniones que ha llevado a cabo durante la visita, el Relator
Especial ha recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en cuanto a los
sucesos en Bagua y de las circunstancias en que éstos se produjeron.
El Relator
Especial considera que es necesario realizar un esclarecimiento e investigación
completa y objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes, así como la
población en general, tengan claridad sobre lo ocurrido. A este fin, el Relator
Especial recomienda que se establezca una comisión especial e independiente,
conformada por varias instituciones que tengan credibilidad para todas las
partes involucradas y que cuente con representación indígena. Asimismo,
recomienda que se de consideración a la participación de actores de la comunidad
internacional en el trabajo de esta comisión especial. “El esclarecimiento de
los hechos es esencial para la creación de un clima de confianza que permita
avanzar en la búsqueda de soluciones con la participación de todas las partes”,
enfatizó el Relator Especial.
Esta comisión
especial propuesta es sin perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar
las instituciones de la administración de justicia para determinar de manera
objetiva, exhaustiva e imparcial, las responsabilidades civiles, administrativas
y penales que corresponden. El Relator Especial considera que la realización de
la justicia es un elemento fundamental para restaurar un ambiente propicio para
la solución de los problemas de fondo que aquejan los pueblos indígenas de la
Amazonía.
El Relator
Especial exhorta a las diferentes instancias que administran justicia a que
realicen su trabajo conforme a los estándares internacionales aplicables a la
administración de justicia en un Estado de Derecho, especialmente las garantías
de independencia, prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido, que
todas las partes tengan claridad sobre los cargos imputados, los lugares donde
las personas están detenidas, y la jurisdicción donde se realizarán los
procesos; y que los acusados gocen efectivamente de todas las garantías de
debido proceso, especialmente la garantía de una defensa legal adecuada y
efectiva, así como que se aseguren condiciones adecuadas de detención.
Además, el
Relator Especial recomienda que se profundice el proceso de diálogo iniciado.
Entre los aspectos sustantivos del diálogo debería incluirse el relativo a los
otros decretos legislativos que han preocupado a los pueblos indígenas y son
susceptibles de afectarles, así como los otros temas de fondo que dichos pueblos
han planteado en las diferentes instancias de diálogo hasta ahora. En el proceso
de diálogo deberían estar representados todos los actores relevantes, y los
pueblos indígenas a través de sus representantes libremente elegidos por ellos
mismos. La transparencia del diálogo es esencial para que sea fructífero. En
este sentido, debería propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y
cronograma, así como un mecanismo para hacer ejecutable los acuerdos a que se
lleguen y para resolver las cuestiones que se susciten durante el proceso.
Como una
medida de creación de confianza para avanzar en el proceso de diálogo, el
Relator recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales contra
dirigentes y autoridades indígenas cuya participación en el dialogo es
indispensable.
Asimismo,
tanto el proceso como los acuerdos a que se lleguen deben estar inspirados y ser
compatibles con los estándares internacionales de derechos de los pueblos
indígenas, inclusive aquellos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual ha sido
ratificado por el Perú. El Especial Relator recomienda, en este sentido, que se
recurra a la asesoría técnica de la OIT y de otros organismos internacionales.
El Relator Especial nota que
el Perú tiene
ahora una oportunidad para establecer una buena práctica de alcance
internacional al traducir la voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos
internacionales en la aplicación interna de los criterios y principios
establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en particular, en
lo que se refiere a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas a
través de sus instituciones representativas, de cualquier medida que dichos
pueblos consideren pueda afectar sus derechos.
El Relator
Especial destaca la importancia que el proceso de solucion de esta situacion se
realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, de manera que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho
y la democracia en el Perú.
Finalmente, el
Relator Especial reitera su disponibilidad e interés de realizar una visita
posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo observado y también de
examinar la situación general de la situación
de los
derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del país,
dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
El 26 de
marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya
como el Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades
fundamentales del los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr.
Anaya es titular de la cátedra James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and
Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados
Unidos.
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