Más de 20.000 participantes se reunirán esta semana en la Décimo Séptima Conferencia Internacional sobre el SIDA, a celebrarse en la Ciudad de México, para explorar las razones por las que, a pesar de décadas de intensos esfuerzos para combatir el SIDA, la epidemia continúa siendo tan desalentadora. El año pasado, 2,7 millones de personas han contraído el VIH y otras 2 millones murieron a causa del SIDA. Hoy en día, 33 millones de personas en todo el mundo viven con el VIH.

La tenacidad del SIDA se deriva en parte del hecho que las medidas para enfrentarlo subestiman e incluso ignoran el contexto de derechos humanos en el cual la epidemia prospera. Efectivamente, resulta evidente que las millones de personas que sufren violaciones de sus derechos humanos son a la vez más vulnerables a la infección del VIH y tienen más probabilidades de morir a causa del SIDA. De hecho, el irrespeto de los derechos humanos no solamente agrava la epidemia, sino que además con frecuencia la provoca. Estas violaciones incluyen la discriminación, la falta de acceso a la información y la educación, la inequidad de género, la violencia, la pobreza y la marginalización. Millones de personas continúan muriendo a pesar de que esas muertes podrían evitarse si se protegieran el derecho a la vida y el derecho al nivel de salud más alto posible.

Por lo tanto, cualquier acción que busque una solución al problema del VIH debe también responder a los temas de derechos humanos que alimentan la epidemia y emanan de la misma. El Informe sobre la Epidemia Mundial del SIDA 2008 destaca la necesidad de hacerle frente a las causas sociales del VIH, incluyendo al fracaso en hacer cumplir y proteger los derechos humanos esenciales para lograr una respuesta efectiva contra el VIH. Un enfoque al VIH basado en los derechos permite evidenciar las necesidades críticas de protección de aquellos más vulnerables al VIH. Este enfoque ayuda a desarrollar o mejorar acciones para alcanzar a aquellos que, debido a la negligencia, intimidación, prejuicios o estigma social, han caído fuera de las redes de protección disponibles para la prevención, atención y tratamiento del VIH. Entre ellos, mujeres y niñas que sufren de violencia sexual; personas jóvenes que se les niega educación e información sexual sobre el VIH; y niños y niñas huérfanos a causa del SIDA. Un enfoque basado en los derechos también ofrece protección a las personas marginadas por su orientación sexual o adicción a las drogas, o a los prisioneros a quienes se les impide, de distintas maneras, obtener los bienes y servicios para luchar contra el VIH. Se debe subrayar que los derechos humanos son inalienables y, por lo tanto, inherentes a todos los seres humanos, incluyendo aquellos que pertenecen a grupos altamente estigmatizados o que son considerados como extraños por alguna comunidad en particular. Este factor esencial debe ser siempre tomado en cuenta a la hora de enfrentar el problema del VIH.

En el 2001, los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron que “la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos es indispensable para reducir la vulnerabilidad al VIH/SIDA”. Aún así, para el 2008, un tercio de los países todavía no han promulgado leyes que protejan de la discriminación a las personas que viven con VIH. Sesenta y tres por ciento de los países aun cuentan con leyes que crean barreras a la prevención, atención, apoyo y tratamiento del VIH para los grupos marginados. Asimismo, al menos 67 países imponen algún tipo de restricción basada en el VIH para el ingreso a los mismos y para efectos de residencia. Tales restricciones no protegen la salud pública, sino sirven para incrementar el estigma en contra de las personas que viven con VIH. Muchos países han adoptado recientemente leyes amplias que imponen castigos penales a personas que transmiten el VIH, cuando no hay evidencias que indiquen que esas penalidades ayuden a disuadir la transmisión del VIH. Al contrario, la existencia de dichas leyes genera una gran preocupación puesto que podrían desmotivar a las personas a realizarse la prueba del VIH y a revelar su situación.

Hacerle frente a las dimensiones de derechos humanos de los programas nacionales de lucha contra el SIDA no es difícil. Consiste en financiar e implementar campañas en contra de la violencia sexual así como combatir el estigma y la discriminación. También involucra campañas para difundir los derechos y la legislación que los protege, y para brindar ayuda legal a aquellos más vulnerables al VIH o que viven con el mismo. También comprendería la creación de mecanismos para monitorear los abusos de derechos humanos relacionados con el VIH, así como la capacitación sobre la no discriminación para los trabajadores de la salud, proveedores de servicios sociales, policía, jueces y autoridades de los centros de detención. Las Defensorías del Pueblo independientes también deberían incorporarse a las respuestas nacionales al SIDA para luchar por aquellas personas afectadas y para evaluar el impacto de las leyes y su implementación en la lucha contra el VIH.

Esta semana en la Conferencia Internacional sobre SIDA en México, más de 500 organizaciones exigirán que los derechos humanos sean puestos al frente y en el centro de la lucha mundial contra el SIDA. Su lema es “Los Derechos Humanos y el VIH/SIDA, ahora más que nunca”. Es tiempo que escuchemos ese llamado en nombre de las millones de personas que continúan siendo vulnerables y muriendo a causa del VIH y SIDA.

Kyung-wha Kang
Alta Comisionada Interina para los Derechos Humanos, OACDH

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