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MENSAJE DEL
SECRETARIO GENERAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
25 de noviembre de 2008
En todo el mundo, en los países ricos y pobres,
las mujeres son víctimas de maltrato físico,
trata de personas, violación y asesinato. Esas
violaciones de los derechos humanos no sólo
dañan a individuos, sino que además socavan el
desarrollo, la paz y la seguridad de sociedades
íntegras.
Las mujeres de todas partes están expuestas a
riesgo, pero la amenaza es aún más grave para
las que viven en sociedades sumidas en
situaciones de conflicto armado. A medida que
los conflictos se han vuelto más complejos, las
pautas de la violencia sexual han cambiado. Las
mujeres ya no sólo corren peligro durante los
combates propiamente dichos; es igualmente
probable que durante las treguas sean víctimas
de las agresiones de miembros del ejército, las
milicias, los rebeldes, las bandas de
delincuentes o incluso la policía.
No conocemos el verdadero número de las
víctimas, pero sabemos que hay muchos más casos
de los que nunca se han denunciado, y muchas
menos detenciones de las que correspondería. En
muchísimos lugares la violación todavía acarrea
un estigma que disuade a las mujeres de acudir a
los tribunales que deberían existir para
protegerlas. En algunos países, las mujeres son
víctimas de brutalidad por partida doble; en
primer lugar, durante la comisión del propio
delito, y luego, a través del sistema judicial,
en que se les pueden imputar falsos cargos de
“adulterio”, con la posibilidad de castigo
ulterior.
Aun cuando se identifique a los autores, éstos
con frecuencia quedan impunes, especialmente si
trabajan en la policía o el ejército. A veces,
estos delitos son particularmente espantosos. En
la conmocionada provincia de Kivu del Norte, en
la República Democrática del Congo, en que todos
los meses se denuncian unos 350 casos de
violación, a veces las víctimas también son
sometidas a mutilación genital.
Aún más inquietante es la edad de muchas de las
víctimas. En algunas zonas de Haití en que reina
la violencia, el 50% de las mujeres jóvenes han
sido violadas o agredidas sexualmente. De las
pocas víctimas valientes que acuden a la
justicia, una de cada tres es menor de 13 años.
Durante un mes particularmente violento a
principios del año en curso en Liberia, la
mayoría de las violaciones denunciadas se
perpetraron contra niñas menores de 12 años, y
algunas de ellas ni siquiera tenían 5 años.
Estos ejemplos proceden de países en que las
Naciones Unidas tienen una presencia a través de
operaciones de mantenimiento de la paz. Gracias
a la innovadora resolución 1820, aprobada por el
Consejo de Seguridad en junio, actualmente se
reconoce la relación entre el uso de la
violencia sexual como táctica de guerra y la paz
y la seguridad internacionales. Según la
resolución, las misiones de mantenimiento de la
paz, en particular aquellas cuyo mandato
consiste en proteger civiles, deben ahora
incluir la protección de la mujer y los niños de
toda forma de violencia cada vez que presentan
informes sobre las situaciones de conflicto. En
la resolución 1820 también se pide una
intensificación de los esfuerzos para aplicar la
política esencial de tolerancia cero de la
explotación sexual por parte del personal de las
Naciones Unidas, y se insta a los países que
aportan contingentes y fuerzas de policía a que
garanticen una rendición de cuentas cabal de los
casos de ese tipo de conducta.
La aprobación de la resolución 1820 forma parte
de la creciente tendencia global a abordar ese
flagelo. El Foro para la lucha contra la trata
de seres humanos, celebrado en Viena, el pasado
mes de febrero, y el liderazgo constante que
asume la Asamblea General, son otros signos del
impulso que ha cobrado el tema en la escena
internacional.
En el plano internacional, cada vez es mayor el
número de países que cumplen sus obligaciones de
proteger a la mujer a través de una legislación
exhaustiva, mejores servicios a las víctimas,
asociaciones más sólidas y más esfuerzos para
que hombres y niños participen en la solución
del problema.
Este avance es satisfactorio, pero todavía
quedan muchos problemas por resolver.
Necesitamos esforzarnos más para hacer cumplir
las leyes y luchar contra la impunidad. Debemos
combatir las actitudes y comportamientos que
condonan, toleran, disculpan o pasan por alto la
violencia contra la mujer. Y también necesitamos
aumentar la financiación para los servicios que
se prestan a las víctimas y sobrevivientes.
Estoy decidido a consolidar esos esfuerzos,
entre otras cosas, a través de mi campaña
mundial “Unidos para poner fin a la violencia
contra las mujeres”, que apunta a sensibilizar
al público, generar una mayor voluntad política
y aumentar los recursos y promover un entorno
propicio para que se cumplan los compromisos de
política vigentes.
Todos nosotros, hombres y mujeres, soldados y
agentes de mantenimiento de la paz, ciudadanos y
dirigentes, tenemos la responsabilidad de
contribuir a poner fin a la violencia contra las
mujeres. Los Estados deben cumplir sus
compromisos de prevenir la violencia, enjuiciar
a los autores y ofrecer reparación a las
víctimas. Y cada uno de nosotros debe transmitir
este mensaje en nuestras familias, en nuestros
lugares de trabajo y en nuestras comunidades, a
fin de que cesen de una vez los actos de
violencia contra la mujer.
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